Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y miembro de la aristocracia política del antiguo orden, retornó a México en calidad de extraditado para encarar graves acusaciones de corrupción. El hecho puede verse como una variante del viejo “juicio de residencia” al que se sometía en la época colonial a los altos cargos del imperio español al concluir su misión. En teoría la medida tenía sentido, aunque en la práctica, esta especie de “juicio final” no impidió el uso de los cargos públicos en beneficio personal. La responsabilidad histórica de quien debe llevar a buen puerto este nuevo “juicio de residencia” del exdirector de Pemex —el Fiscal General de la República— es enorme. Dejar pasar esta nueva oportunidad de superar la larga etapa de la gran corrupción pública sería perder ese tiempo que, se dice, después los santos lo lloran.

Source: El Universal July 19, 2020 06:33 UTC