Jueces, magistrados y al menos un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han trabajado de manera sistemática para favorecer a personas acusadas de delitos graves y provocar cuantiosos quebrantos a la hacienda pública, de acuerdo con la relación presentada en la conferencia presidencial matutina de ayer por Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En su reporte el funcionario sintetizó centenares de resoluciones en las que varios togados determinaron no vincular a proceso penal, cambiaron medidas cautelares, calificaron las detenciones de ilegales, reclasificaron delitos graves por otros menos penados, se opusieron a aplicar la prisión preventiva oficiosa y dictaron sentencias absolutorias a los acusados de crímenes como posesión de armas de fuego, tráfico de personas, huachicol, narcotráfico, delincuencia organizada, explotación ilícita de bienes nacionales o robo al autotransporte. En muchos de estos casos, tribunales de segunda instancia reconocieron la mala praxis de sus colegas, revocaron los fallos y asignaron los casos a otros juzgadores, pero rara vez ha habido mayores consecuencias pese a todos los indicios de complicidad mafiosa: por citar un ejemplo particularmente escandaloso, en junio de este año el juez de control en el estado de México Daniel Ramírez Peña absolvió al ex magistrado de la SCJN Isidro Avelar Gutiérrez, quien en 2011 recibió tres depósitos por más de 12 millones de pesos de origen inexplicable, no obstante que desde 2019 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló de tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, y a que en febrero pasado ya había sido destituido del máximo tribunal. Por su parte, Félix Arturo Medina Padilla, procurador fiscal de la Federación, detalló la manera en que varios togados han impedido el avance en juicios o procesos penales contra grandes contribuyentes que deben impuestos por alrededor de 80 mil millones de pesos. En 17 litigios que suman 55 mil millones de pesos, los jueces han retardado indebidamente la impartición de justicia al no convocar o aplazar las audiencias, con lo que retrasan de manera indefinida los juicios y permiten a los evasores seguir gozando de fortunas hurtadas a la nación.

Source: La Jornada August 23, 2023 12:49 UTC