Bajo esta lógica, la desaparición forzada –aquella que implica la participación, el apoyo o la aquiescencia de agentes estatales– se presenta como un vicio del pasado, una práctica erradicada por decreto de honestidad. Al desplazar toda la carga de la violencia hacia las bandas criminales, el gobierno federal intenta sacudirse la responsabilidad, pero al hacerlo, confiesa una claudicación alarmante. La desaparición forzada moderna se nutre de este silencio institucional, haciendo que el rastro de la víctima se pierda en un laberinto de sellos oficiales y complicidades no dichas. En última instancia, el discurso de que “ya no somos iguales” se estrella contra la evidencia de una gobernanza compartida. El gobierno puede seguir recitando estadísticas y rechazando las recomendaciones de organismos internacionales, pero mientras la frontera entre la delincuencia y la autoridad siga siendo casi invisible, el Estado seguirá siendo el responsable.

Source: Excélsior April 08, 2026 08:23 UTC