En el puerto de Pisco (oficialmente, Terminal General San Martín) existía desde 1969 un muelle marginal con cuatro amarraderos, el cual sufrió serios daños durante el terremoto de 7.9° en la región Ica (agosto 2007). En abril 2014 el puerto fue concesionado por 30 años al Consorcio Terminal Portuario Paracas (TPP) conformado por tres empresas (una española y dos brasileñas) para su rehabilitación, construcción, conservación y explotación, y convertirlo en un terminal multipropósito con servicios para pasajeros, contenedores, carga fraccionada, a granel, proyecto y rodante. En dicha concesión no se especifica almacenaje de concentrado de minerales y TPP no lo tenía considerado en su proyecto, sin embargo, en julio 2016, cuando se autoriza el inicio de trabajos de modernización, presentaron una adenda para construir tres obras adicionales, entre ellas un almacén de concentrados minerales, pero al no ser aprobado, en abril 2018 presentan al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) una Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) la cual fue rechazada en febrero 2019 (no pudieron levantar más de 100 observaciones de diferentes instituciones gubernamentales y de la sociedad civil), aun así, TPP solicitó una nueva reevaluación. El pasado día 19 Senace rechazó dicha apelación por advertirse potenciales impactos ambientales que no serían posibles de evitar o mitigar. De inmediato la empresa TPP informó que demandará al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) porque según su presidente ejecutivo, Jorge Arce, ejercerán sus derechos legales (ya desde 2019 esta empresa amenazaba demandar al Estado peruano por US$ 200 millones si Senace continuaba negando la construcción del almacén de minerales).

Source: Expreso November 28, 2020 05:37 UTC