Desde abril, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) recomendó a Protección Civil, DIF y otras instancias el cierre del lugar, por condiciones de estructura insegura, además de condiciones de salud y atención inadecuadas. Al respecto, los encargados y administradora-propietaria, Fernando Ríos Covián Urcelay, Landy Carrillo Salazar, respectivamente, rechazaron los señalamientos de Derechos Humanos y recurrieron al amparo. Sin embargo, en la revisión judicial y añadiendo el tema del covid 19, las autoridades determinaron la acción de desalojo y ubicación. Autoridades rescataron a 19 adultos mayores, por quienes los propietarios cobraban entre 2 y 4 mil pesos mensuales, mas diversos apoyos y donativos de instituciones de beneficiencia y caridad. La intervención se realizó sin violencia, además de reiterarse que el sitio no podía garantizar las condiciones de higiene que requiere la pandemia.

Source: Milenio June 14, 2020 21:45 UTC