Representantes del Ministerio de Economía no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios sobre el tema. Muchos de los agricultores, bancos e incluso trabajadores de clase media se vieron afectados por el programa, lo que provocó un colapso de la producción agrícola peruana. Se expropiaron al menos unas 5.000 propiedades agrícolas entre 1969 y 1981, según una asociación de bonistas y acreedores. En 2016, la gestora de activos Gramercy presentó una demanda de arbitraje por US$1.600 millones contra Perú por los bonos impagos. En diciembre de 2022, el tribunal del CIADI desestimó la demanda y falló a favor de Perú.

Source: La Republica January 20, 2026 04:25 UTC