Habíamos dejado constancia que en la firma del convenio de colaboración eficaz de la transnacional brasileña Odebrecht, el Estado peruano fue representado por un fiscal provincial y una jueza de primera instancia en un asunto de importancia capital en materia de la moral y los recursos públicos. Y que los dos magistrados –José Domingo Pérez y María de los Ángeles Álvarez Camacho– no podían representar a todo un país por el nivel de las jerarquías constitucionales que establece el espíritu de la Constitución Política del Estado. Adicionalmente, contraviniendo la naturaleza abierta y transparente que debe tener todo convenio o acuerdo internacional, en este caso con Brasil, fue procesado con una legislación exprés y rubricado a espaldas de la nación y de otros poderes del Estado que están más allá de un organismo autónomo como es el Ministerio Público, la entidad que ha capitaneado este acto lesivo al interés nacional. Encuentra la nota completa en nuestra versión impresa o suscríbete a la versión digital, aquí. Puedes encontrar más contenido como este siguiéndonos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter.

Source: Expreso October 24, 2020 10:52 UTC