El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que las sentencias con las cuales el Poder Judicial paraliza o retrasa las acciones de su gobierno se orientan a dar un golpe de Estado técnico neutralizando al Poder Ejecutivo para que no pueda desempeñar sus funciones. El primer ejemplo de una campaña a gran escala para judicializar la política se presentó en 2019, cuando el organismo empresarial #NoMásDerroches logró frenar por meses la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles gracias a la obsecuencia de los tribunales. Un escenario semejante se ha vivido en todo lo relativo a la política energética, donde el Poder Judicial ha operado para acotar de forma severa la prerrogativa gubernamental de establecer y aplicar políticas públicas, dictando resoluciones que van en detrimento del país para favorecer a los grandes capitales locales y foráneos. La sistematicidad de los ataques a la Presidencia y, cada vez más, al Poder Legislativo, permite hablar de una ofensiva judicial denominada lawfare, es decir, una guerra que se hace en nombre de la ley aunque sus métodos y su espíritu sean claramente ilegales. Si bien hasta ahora el lawfare contra la Cuarta Transformación no ha llegado al extremo de buscar el derrocamiento del Presidente, es manifiesto que se dirige a desgastar la autoridad del gobierno e impedirle que cumpla el mandato popular para el que fue elegido.

Source: La Jornada May 30, 2023 17:34 UTC