El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instruyó ayer a la primera ministra, Elisabeth Borne, a invocar el artículo 49.3 de la Constitución para imponer su iniciativa de reforma al sistema público de pensiones sin contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, Cámara Baja del Legislativo francés. Aunque el gabinete de Borne ha abusado de este recurso y lo ha empleado 10 veces en menos de un año, en esta ocasión lo hace en circunstancias que desafían de manera agraviante al pueblo de Francia y pone en entredicho la legitimidad del gobierno: la propuesta para retrasar la edad de jubilación, aumentar el periodo de cotización para tener derecho a la pensión completa y eliminar los derechos adquiridos por diversos colectivos han motivado las protestas más grandes en décadas, y es rechazada por dos de cada tres ciudadanos. Pero la afrenta trasciende a los números, pues el sistema de pensiones es una de las instituciones más entrañables para los franceses, un verdadero símbolo nacional que provoca orgullo y suscita un apoyo transversal, por encima de líneas ideológicas y partidistas. Así, no es casual que el intento de debilitarlo para poner a Francia en línea con las directrices de la ortodoxia neoliberal auspiciada por la Unión Europea y su Tratado de Maastricht (el cual dio rango constitucional a la supremacía de los intereses corporativos, y subordinó a ellos toda política nacional) provenga de un gobierno tecnocrático, surgido de un proyecto personalista, sin ningún arraigo en la tradición política gala.

Source: La Jornada March 17, 2023 09:36 UTC