La situación de los 10 obreros atrapados desde el miércoles de la semana pasada en la mina El Pinabete, ubicada en Sabinas, Coahuila, así como los intensos esfuerzos de rescate que realizan los compañeros de los afectados, junto con más de una decena de entidades de los gobiernos federal y estatal, ha mantenido a la opinión pública en un angustioso compás de espera. Es claro que los trabajos de bombeo, exploración y perforación que se llevan a cabo en el yacimiento siniestrado se realizan en una carrera contra reloj y que cada hora que pasa sin localizar a los trabajadores resta probabilidades de recuperarlos con vida. El señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de que no se escatiman esfuerzos para desaguar los socavones inundados a fin de que personal de rescate pueda entrar a buscar a los mineros faltantes, se ve respaldado por las más de 500 personas involucradas en la tarea, por los equipos empleados –desde bombas sumergibles de gran capacidad hasta un robot submarino controlado de manera remota–, así co-mo por las instituciones que trabajan en el sitio, principalmente las secretarías de la Defensa Nacional, de Economía y de Trabajo y Previsión Social, así como la Guardia Nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Federal de Electricidad. Más allá de que rescatar a los trabajadores mineros sea la absoluta prioridad del momento, no debe perderse de vista que, de acuerdo con la información disponible hasta ahora, el accidente habría podido ser evitado si en la explotación carbonífera se hubieran observado reglas de seguridad más estrictas.

Source: La Jornada August 09, 2022 21:50 UTC