Todo ello, con el propósito de evitar actos de violencia sin sentido como el del sábado pasado en Allen, el episodio 199 de esta clase en lo que va del presente año. Por desgracia, el llamado del mandatario no tiene ninguna posibilidad de ser acatado por el Legislativo, en el que los republicanos partidarios del armamentismo civil han bloqueado sistemáticamente, desde hace décadas, todo esfuerzo por dotar al comercio de armas de fuego de un mínimo marco regulatorio que al menos reduzca las probabilidades de que un fusil de asalto o una pistola semiautomática llegue a manos de personas desequilibradas. Su argumento central es la Segunda Enmienda constitucional del país vecino, en la que se asienta: Una milicia bien organizada, que es necesaria para la seguridad de un estado libre, no se debe infringir el derecho de las personas a guardar y portar armas. Es un disparate, sin embargo, asumir ese derecho como un absoluto, así como pretender que el precepto referido no necesita de una ley normativa y de una actualización: la Segunda Enmienda data de finales del siglo XVIII, cuando no había más armas de fuego que las de un solo tiro y requerían, para ser activadas, de una preparación previa de cada disparo. Así, en las circunstancias en las que Thomas Jefferson redactó la norma, habría sido imposible que alguien perpetrara una masacre como las que tienen lugar hoy día en Estados Unidos en calles, escuelas, iglesias, complejos comerciales, centros culturales y deportivos o domicilios privados y que en el presente año han tomado un ritmo de más de una por día.

Source: La Jornada May 08, 2023 17:30 UTC