En octubre del año pasado volvió a ser declarado ilegal, lo que impedía acceder a nuevos solicitantes a la protección del programa. Así pues, la resolución emitida el miércoles pasado por el juez federal en Texas Andrew Hanen es sólo el más reciente episodio de una ardua batalla legal que deja en la desprotección y la incertidumbre a unos 650 mil beneficiarios. Ciertamente, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia no fue, ni es, una solución integral para el atropello estructural que padecen los migrantes indocumentados en el país vecino. Se trató de un paliativo humanitario orientado a corregir al menos uno de los aspectos más aberrantes de una legislación migratoria para la cual es lícito expulsar de Estados Unidos a una persona aunque haya vivido allí durante buena parte de su vida. Pero a falta de la reforma migratoria integral que habría debido ser aprobada desde hace varias décadas, el DACA ha significado al menos una mínima certidumbre para cientos de miles de jóvenes que hoy día estudian y trabajan en territorio estadunidense sin haber conocido otra realidad nacional; el privarlos de esa protección es, llanamente, un acto de barbarie.

Source: La Jornada September 15, 2023 09:37 UTC