Así lo advirtieron tres penalistas, quienes aseguraron que el Congreso ha establecido una modalidad con menores penas que el lavado de activos. La pena máxima de cárcel efectiva por el delito de lavado de activos, con la actual normativa, llega hasta los 20 años. Para Caro, el punto más grave está en la redacción de la tipificación de la norma aprobada en el Congreso. Al respecto, Caro señaló que, de aprobarse esta reforma, será necesaria una tipificación autónoma, diferente del lavado de activos. Caro adelantó que si el Congreso insiste en promulgarla, pese a las observaciones del Ejecutivo, la norma sería pasible de una acción de inconstitucionalidad.

Source: El Comercio December 07, 2018 13:52 UTC