El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, asegura que el crimen de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, representó una sacudida no solo a la sociedad, sino a las autoridades federales y estatales. Chihuahua, Chih. En la investigación del homicidio de Miroslava Breach Velducea la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Chihuahua tiene como testigos protegidos y sin ninguna acusación a los panistas que grabaron a la periodista a quien exigían que revelara sus fuentes de información sobre los familiares de narcotraficantes que fueron designados precandidatos a alcaldes en municipios serranos, y entregaron el audio al grupo delictivo conocido como Los Salazar; a Rubí, una integrante de la Policía Ministerial que durante varios días alojó en su casa al homicida material de la corresponsal de La Jornada, y a Cholugo, el conductor del vehículo en el que viajó el presunto autor intelectual del ataque el día del asesinato. A pesar de las pruebas obtenidas acerca de su participación o encubrimiento en el asesinato, las autoridades de la entidad, gobernada por el panista Javier Corral Jurado, señalan que a estas dos personas no les ha resultado responsabilidad en el homicidio, aunque en la carpeta de investigación sus testigos reconocieron haber tenido alguna participación en distintos momentos, que desembocaron en el ataque ocurrido hace exactamente un año. Lea aquí la nota completa

Source: La Jornada March 23, 2018 13:52 UTC