De acuerdo con el juez, Robles no había demostrado arraigo, pese a que llevaba más de 20 años viviendo en el mismo domicilio de Coyoacán. A fines de ese año, la magistrada Isabel Cristina Porras, que revisó el caso, coincidió en que era innecesaria la prisión preventiva, y sin embargo decidió dejar a Robles en prisión. El delito, aún no comprobado, no amerita prisión preventiva. A Lozoya lo acusan de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita: crímenes graves que ameritan prisión preventiva oficiosa. Lozoya se presume aliado de la 4T para beneficio propio y de la actual administración: el presidente lo ha considerado “testigo protegido”.

Source: El Universal July 30, 2020 06:33 UTC