Las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), de la Función Pública (SFP), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fepade signaron un acuerdo para blindar los programas sociales durante el proceso electoral de este año. Dichas acciones están orientadas a fomentar la cultura de la legalidad, la prevención del delito y el combate a la corrupción. La Contraloría Social, explicó, es un mecanismo de colaboración ciudadana, en el que los beneficiarios de dichos programas monitorean el uso de los recursos. Córdova Vianello resaltó que las reglas del juego democrático establecen roles diferenciados para las autoridades gubernamentales, las instituciones electorales, los partidos y contendientes, así como para organizaciones de la sociedad y la ciudadanía. El objetivo de este instrumento es garantizar la absoluta imparcialidad en el uso de los recursos públicos durante los comicios que se realizarán en toda la República.

Source: La Jornada February 01, 2018 19:07 UTC