El principal punto del asunto fue la creación de una defensoría pública de los derechos político electorales de los ciudadanos, cuya finalidad será asistir a los sectores más desprotegidos de la población para que tengan una asesoría legal efectiva ante las instancias comiciales. Se hizo hincapié en que el objetivo de este organismo será prestar servicios legales a las personas que pertenecen a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica para hacer realidad su acceso a la justicia electoral. En contra de esta propuesta estuvo la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, para quien la defensoría no tendría la autonomía necesaria al estar subordinada jerárquica y presupuestalmente al instituto electoral del estado. Otro de los puntos analizados por la SCJN fue la disposición de la ley electoral de Yucatán que permite a los partidos que participen en coaliciones firmar un convenio de gobierno estableciendo el programa de su eventual gobierno, el reparto de los cargos en caso de ganar y las iniciativas legales que impulsarían. La ministra Esquivel señaló que esta regulación es de libre configuración de los congresos estatales y no vulnera ninguna ley federal.

Source: Diario de Yucatán November 28, 2023 23:59 UTC