Si bien el derecho a la educación está consagrado en la Constitución Política mexicana, miles de jóvenes en todo el país podrían quedarse sin acceso a continuar sus estudios. Por el contrario, este tipo de profesionales enfrentan carencias que los llevan a atender en una sola clase a varios tipos de alumnos, cada uno con una situación diferente. Además del recorte en personal y en salarios, los profesores también deben sortear la falta de materiales de estudio así como de instalaciones adecuadas a las necesidades de sus alumnos. Por ello, una administración que se ha pronunciado en innumerables ocasiones como incluyente, no puede contradecirse y manifestar en los hechos que existen mexicanos que no merecen apoyos por parte de un gobierno que dice pensar en ellos y asegura darles los mismos espacios de oportunidad. Es tiempo de que en el gobierno federal se dediquen a revisar esto.

Source: El Universal October 27, 2019 07:07 UTC