Con el argumento de que invalidó los contratos que le había otorgado por adjudicación directa, el gobierno federal da por concluido el polémico caso de una empresa yucateca que de la noche a la mañana se convirtió en proveedora de la Secretaría de Bienestar. La autoridad federal alega que los contratos fueron cancelados por incumplimiento de la empresa y, por lo tanto, nunca le pagó los 728 millones de pesos que se habían acordado por la entrega de insumos para el programa Sembrando Vida.
