En ese contexto, el Poder Judicial de Ciudad de México hace lo mismo que la Federación cuando, en pleno auge de la pandemia, extinguió el Seguro Popular, engendró el Insabi que tuvieron que matar y provocó una escasez de medicinas que no tiene precedente: determinó suprimir 24 juzgados civiles y 11 familiares para dejar en operación apenas 50. La demagógica fórmula de la “elección popular” de juzgadores (en el mundo solo pasa en Bolivia) es cuestionada por los más reconocidos expertos, porque de ningún modo mejorará la impartición de justicia. Significa una migración definitiva hacia los juicios orales, pero implica un colosal esfuerzo material y humano: capacitación y actualización de los integrantes del Poder Judicial en ambas jurisdicciones, en la abogacía y en el ámbito académico. Supone también un costo presupuestal enorme para salones de audiencias, mobiliario, tecnología de videograbación y otros equipos. Paradójicamente, todas las críticas que se ciñen sobre el Poder Judicial Federal y local (especialmente las injurias del Ejecutivo), lejos de propiciar justicia “pronta y expedita”, desembocarán en la disminución de calidad, velocidad e imparcialidad en las resoluciones que demandan los justiciables…https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/poder-judicial-a-doble-fuego
