En el sexenio que acaba de concluir, la población en prisión preventiva aumentó en 25%. Tres de cada 10 personas en prisión preventiva oficiosa pasan más de dos años encarceladas. En varias intervenciones se citó el criterio emitido hace cinco años por el ministro Arturo Zaldívar: la prisión preventiva oficiosa es una pena adelantada que contraviene los derechos humanos. José Alejandro Peña Villa (Morena) dijo: “En 2022 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión; 5 mil 375 extorsiones por cada 100 mil habitantes. Se dijo que las entidades federativas más afectadas son Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Morelos e Hidalgo.
