Según indicaron, ambas instancias no han determinado responsabilidades por el daño ambiental ni por la posible afectación al patrimonio arqueológico. Ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA 34) promovieron un incidente por incumplimiento de medidas precautorias contra el Comisariado Ejidal, por no respetar la posesión del territorio. Los pobladores exigieron que las autoridades ambientales “no solo coloquen sellos”, sino que concluyan las investigaciones y sancionen a los responsables. Los colectivos anunciaron que acudirán a la Ciudad de México para solicitar audiencia con ministros y ministras, a fin de exponer sus argumentos. Las organizaciones firmantes reiteraron que la defensa del territorio maya no solo implica disputas agrarias, sino la protección integral de derechos colectivos frente a intereses empresariales e inmobiliarios en la Península.
